La desigualdad que
afecta a los pueblos indígenas de Panamá, es un problema estructural,
histórico, complejo y no consecuencia de la falta de integración de los
indígenas al desarrollo desigual de Panamá. Por el contrario, este
empobrecimiento se deriva de un modelo de integración asimétrico, desventajoso
y fundado en el racismo.
Durante muchos años,
hasta la actualidad, los pueblos indígenas fueron vistos, como pobres y dignos
de lástima, de allí la frase “nuestro indios”, “reducirlos a la vida civilizada”
y “asimilarlos culturalmente” y, en el peor de los casos, como obstáculo para
el desarrollo y el progreso del país.
El Estado panameño,
y los sucesivos gobiernos desde la época republicana hasta ahora, han sido
incapaces de proveer a los pueblos indígenas de las condiciones de equidad e
igualdad; al contrario, la integración, sinónimo de homogenización, derivó en
un menosprecio de su capacidad y fortaleza para definir su propio desarrollo
con identidad. En consecuencia, las culturas indígenas no fueron tomadas en
cuenta para enfrentar exitosamente el desarrollo del país.
Si bien el propósito
integrador partía del reconocimiento de la necesidad de hacer justicia a los
pueblos indígenas e implicó muchas investigaciones e investigadores entregados
y de buena voluntad, pero siempre se
consideró, que la pobreza histórica era consecuencia de que el “indio no se
quería civilizar”, además no quería dejar sus prácticas ancestrales.
La historia reciente
ha mostrado que las prácticas homogeneizadoras del Estado no es un camino
viable y deseable a la unidad con diversidad. Por el contrario, esta acción
empobrece y es un potente obstáculo para su desarrollo futuro.
Mientras el
desarrollo de nuestro país esté anclado en la política neoliberal con economía
minera, hidroeléctrica, y petrolera que enriquece a las multinacionales y a
unos pocos, siempre tendremos que enfrentar una realidad intrincada de
desigualdad, explotación e injusticia.
Los reclamos de los
pueblos indígenas en materia de impartir justicia, del reconocimiento de sus
comarcas, de servicios de infraestructura básica, de derechos políticos y
sociales de autodeterminación, no sólo son legítimos en sí mismos, sino es una
deuda histórica y crucial en la construcción consensual de un Panamá más justo
y democrático.
Por eso, el Estado
panameño, debe asumir explícita y cabalmente este renovado compromiso, con la
participación indispensable de toda la sociedad, para definir una nueva
política de Estado clara y precisa.
La relación del
Estado panameño con los pueblos indígenas en estos tiempos implica construir
nuevos equilibrios políticos que involucren a todos los actores nacionales,
partidos, sociedad civil y configurar así un nuevo pacto social que exija
inclusión e incorporación de los indígenas a las dinámicas del desarrollo
nacional, pero desde sus propias demandas y necesidades. O sea, “una
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa
participación en la vida familiar, educativa, en el trabajo y, en general, en todos los procesos sociales, culturales y en las
comunidades” (UNESCO, 2005).
Sin estas premisas
dichas anteriormente, un “Viceministerio” o “Ministerio Indígena” está
condenado a ser “lobby” para los mineros y la implementación de las políticas
gubernamentales inconsultas y burocratizadas.
Juan Pérez Archibold
10-28-217
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